Señor Director:

El Mapocho, martes 13 de Octubre de 2009

A la comunidad Nacional:

Como Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile, poseemos dentro de nuestra vocación pública la defensa de los derechos y deberes humanos, de los espacios públicos y de sus ciudadanos. Nuestra vocación está ligada a generar espacios de participación ciudadana, como también el cuestionar los esquemas impositivos de un sistema basado en la reproducción del capital, que día a día impone con más fuerza sus leyes, desplazando la opinión pública, la libertad de expresión y a la decisión plena sobre los espacios que cada uno habita.

En estos últimos días, hemos sido testigos del mediático debate respecto al proyecto que pretende “revitalizar el espacio público ubicado frente a la casa de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, es decir, la actual plaza José Domingo Gómez Rojas. Frente a esto declaramos:

1- Nos parece que la discusión que se ha dado hasta ahora, está orientada a hechos y temas, que si bien son de importancia, no revelan los verdaderos problemas que sufre hoy nuestra ciudad. La imagen, la escala y el credo religioso, han sido temas con los cuales se ha querido ocultar y desviar la discusión de una problemática mayor de nivel urbano.

2- Creemos que en el debate en torno a la instalación del monumento a Juan Pablo Segundo y el proyecto del parque homónimo, se ha omitido un problema de fondo que a nosotros nos preocupa en extremo, como lo es el hecho de que los intereses de privados primen por sobre los públicos cuando de espacio públicos se habla.

El Estado, a partir de la malograda constitución del ’80, adquirió una lógica de delegar deberes propios de su gestión a manos de terceros, no sólo por un tema de optimización de su funcionamiento –explícito al privatizar empresas estatales- sino también por creer que el mercado sería capaz de velar por el bien común. Hoy en día, podemos observar que aquella lógica pierde su funcionalidad y veracidad -dudosamente adquirida-, al otorgarles responsabilidades a privados en temas nacionales como la educación, salud y los espacios públicos y convertirlos en negocios lucrativos, que se alejan de la lógica de velar por el bien común, propia del Estado. Incluso se llega al extremo de concesionar y privatizar BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO, -con el beneplácito de la alcaldía de Recoleta- esperando que los intereses privados sean los rectores del destino de lo que a todos, por derecho, nos pertenece, como es el caso particular de la plaza José Domingo Gómez Rojas, donde se delega a un segundo plano lo que hoy defendemos tan categóricamente, como lo son la participación ciudadana y su injerencia en la construcción de una ciudad planificada.

La NO-PLANIFICACIÓN y la NO-REGULACIÓN de acciones realizadas por privados, ha sido el patrón que nuestras autoridades han seguido fielmente, dando cabida a un sistema extremadamente neo liberal, poniendo el bien individual por sobre el colectivo. Respecto a esto, nos cuestionamos la validez que tiene la transformación del barrio Bellavista, donde próximamente veremos el crecimiento de la población flotante (referido a los 6.200 estudiantes que aproximadamente llegaran a estudiar a ese lugar), la desforestación de la plaza José Domingo Gómez Rojas para la creación de un estacionamiento subterráneo y la materialización de la política no-sustentable de las autoridades.

La ciudadanía debe ser el actor principal en la construcción y defensa del espacio público. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo sin la voz de ellos. En el caso puntual al que hemos hecho referencia nos preguntamos: ¿los cambios beneficiarán la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del sector?, además del factor económico ¿se consideran hoy, en el diseño de las ciudades, las esferas relacionadas con temas de sostenibilidad social y ecológica? ,¿Cómo es posible que una municipalidad sea capaz de vender un terreno, que le pertenece a todos, a una empresa privada a cambio de una estatua ?


Queremos dejar en claro que nuestra opinión y el debate que pretendemos seguir desarrollando trasciende al cuestionamiento de los méritos de Juan Pablo Segundo o la desproporcionada escala de la estatua, del que tanto se han afirmado los medios de prensa y la comunidad en general para debatir al respecto. Lo realmente preocupante es la utilización de un modelo de gestión privada, para dar solución a problemáticas del ámbito público - como se pretende, en este caso, con la construcción de estacionamientos bajo el pretexto de la renovación del parque sobre un bien nacional de uso público-; y el proceder irresponsable de ignorar el verdadero propósito de la creación de la plaza José Domingo Gómez Rojas –originalmente integrante de la banda de espacio verde en la ribera norte del río Mapocho-, además de ignorar la propia historia del poeta honrado. Lo más grave de esto es que nos estamos acostumbrando a que estos debates surjan cuando los hechos ya están consumados, por lo menos de facto y la opinión de la mayoría o de los afectados ya no tiene mayor trascendencia. Por lo tanto, exigimos hoy un vuelco significativo en las políticas públicas del país, que defiendan por sobre todo los derechos a la ciudad de sus ciudadanos, que se proteja el patrimonio y que se respete el espacio público que nos pertenece a todos. Así también esperamos que las autoridades pertinentes se pronuncien al respecto, de forma elocuente, alejada de toda hipocresía e intereses personales.




Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile

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